Los escritos que había presentado el ex fiscal Guillermo Herrera para evitar el análisis del voto fallido del camarista Enrique Pedicone y un eventual pronunciamiento no tuvieron acogida en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, descartó el planteo de nulidad y la recusación que el ex funcionario había deducido en su contra “por enemistad manifiesta” y “temor fundado de parcialidad”. Según consta en el expediente, Gandur alegó que Herrera no era parte en la cuestión entablada entre la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción y la Corte.
El ex fiscal había dicho que los actos de Pedicone eran nulos, y que se trataba de una aberración jurídica y de un mamarracho. El vocal de la Cámara de Apelaciones había elevado a la Corte un proyecto de voto elaborado en el ámbito de una causa penal que involucra a Herrera; como consecuencia de ello, Gandur mandó a pedir el caso entero. Pedicone había expresado que no le habían permitido revisar lo ocurrido en el expediente luego de que Carlos Sale, fiscal de Cámara, convalidase una resolución de la jueza Mirta Lenis de Vera favorable a Herrera, que, entre otras disposiciones, apartaba al fiscal Diego López Ávila y lo sustituía por el fiscal Washington Navarro Dávila. Ante la pretensión de Pedicone, se excusó la camarista Liliana Vitar -alegando que es cónyuge de Navarro Dávila- y Eudoro Albo, presidente del tribunal, decretó el envío del expediente a Lenis de Vera.
En su voto frustrado, Pedicone dijo que el ministro público Edmundo Jiménez ponía en riesgo la seguridad del Estado y de la ciudadanía, y lo involucró en un “cóctel explosivo” para dejar impunes los hechos atribuidos a Herrera en conexión con su actuación en la causa “Jorrat”. Según Pedicone, operaron para ese fin Lenis de Vera, Sale y Tomás Robert, abogado que el 24 de noviembre renunció a la defensa de Herrera para asumir como relator de Jiménez (fue ministro de Gobierno y Justicia histórico del alperovichismo). El camarista añadió que Lenis de Vera anuló las citaciones a declarar como testigos de los imputados Jorge Rigourd y Roxana Teves que había dispuesto el fiscal López Ávila.“Teves nada tenía que ver con el caso y sí con otra causa que, como consta en el acta de una auditoría encargada por la Corte, involucra a los propios hijos de Jiménez”, dijo Pedicone.
El alto tribunal evalúa sus próximos pasos en una causa extremadamente delicada por los intereses que toca y porque sus efectos repercutirán sobre otros expedientes abiertos contra Herrera. Después de la feria judicial, López Ávila pidió la apertura de al menos cuatro investigaciones jurisdiccionales por el desempeño del ex fiscal en los casos “Jorrat”, “Teves-Albarracín”, “Rigourd” y “Pérez”. En paralelo, la fiscala Juana Prieto le formuló numerosos cargos en un sumario administrativo dispuesto por la Corte que devino abstracto por la renuncia de Herrera. Antes y debido a una denuncia del Colegio de Abogados de la Capital, el Cuerpo de Auditores de la Corte había hallado numerosos incumplimientos en el trámite de las causas mencionadas.